Martínez Dalmau presenta la propuesta valenciana a la ley estatal por el derecho a la vivienda

19/11/2020
Martínez Dalmau presenta la propuesta valenciana a la ley estatal por el derecho a la vivienda

- El vicepresidente ha expresado el propósito de que la nueva norma estatal recoja la experiencia de la Generalitat en políticas de vivienda
- Como prioridad, ha destacado la lucha contra la emergencia habitacional y la pobreza energética



El Vicepresidente Segundo y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha presentado las propuestas de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática a la consulta sobre el anteproyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda.

Por primera vez, ha dicho, "la Generalitat participa en el proceso de elaboración de una ley creada con el objetivo primordial de hacer efectivo el derecho a la vivienda". En este sentido, ha asegurado que "nuestras aportaciones son el resultado de la experiencia que hemos ido adquiriendo y pretendemos que la futura ley estatal recoja el sentir de la propuesta valenciana".

Martínez Dalmau ha indicado que desde la Conselleria se ha trasladado a las instituciones que van a impulsar la nueva ley -tanto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como a la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030- la prioridad de incidir en luchar contra la emergencia habitacional y la pobreza energética.

Asimismo, se ha señalado "la importancia de la consideración del acceso a la vivienda digna, asequible y adecuada como un derecho humano vinculado a la dignidad y puerta para el disfrute del resto de derechos".

Para Martínez Dalmau, la futura norma estatal "debe recoger las mejores prácticas desarrolladas por la legislación autonómica, orientada a garantizar la función social de la vivienda, y ha de ser una norma participada, que incluya las propuestas desde las autonomías que desde hace años desarrollan y conocen las vías para impulsar esta función social".

Tambien ha abogado por la necesidad de reconocer e incluir el derecho en la vivienda como "un servicio de interés general, priorizando su función social y situándolo cómo uno de los pilares básicos del estado de bienestar, junto a la educación, la sanidad y las pensiones".

Las líneas fundamentales de la futura ey deben centrarse, según ha explicado el vicepresidente, en proteger y garantizar el disfrute del derecho a la vivienda como derecho humano, en incluir medidas para movilizar la vivienda deshabitada; facilitar la ampliación del parque público de vivienda; garantizar que el régimen de alquiler permite el acceso estable a una vivienda y evitar los abusos en el acceso a la vivienda en régimen de propiedad.

También ha señalado las medidas contra el endeudamiento abusivo procedente de la adquisición de una vivienda; contra los desahucios sin alternativa habitacional y contra la pobreza energética en el ámbito residencial, así como el impulso y desarrollo del observatorio estatal de vivienda.

Objetivos: lucha emergencia habitacional y pobreza energética

Entre las propuestas ha destacado la necesidad de incluir la garantía de acceso permanente a los suministros básicos dentro del contenido del derecho a la vivienda, definir el concepto de gran tenedor, con carácter básico, establecer la obligación de destinar de forma efectiva la vivienda deshabitada al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico e incluir en el Plan Estatal de Vivienda la calificación permanente de la vivienda protegida.

La propuesta valenciana también recoge la intervención y control de precios en el mercado de alquiler con dos medidas fundamentales: la adopción de medidas de supervisión de los precios de alquiler y la adopción de medidas de control para impedir precios excesivos.

Además, Martínez Dalmau ha señalado las medidas relativas a los desahucios sin alternativa habitacional, tales como el procedimiento de mediación extrajudicial preceptivo para grandes tenedores con carácter previo al inicio de una demanda de desahucio, así como un alquiler social obligatorio en los lanzamientos por impago de hipoteca o impago de alquiler cuando la persona propietaria sea un gran tenedor.

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